Programa comenzó este lunes con una consulta pública. Entre otras medidas, incluye la Política Energética 2050 que busca que el 70% de la generación eléctrica provenga de energías renovables.
Las precipitaciones del último fin de semana en la zona central hicieron de este mes el cuarto abril más lluvioso de la historia. Según la Dirección Meteorológica, el 16 de abril cayeron 50 mm en 24 horas, uno de los cuatro días de abril más lluviosos desde 1877.
Esta particular característica -lluvias intensas y en un plazo muy acotado- es precisamente uno de los impactos que el cambio climático tendrá en el país.
Por eso, el gobierno diseñó el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022, el que formalmente comenzó a operar este lunes, al iniciarse una consulta pública, para que expertos, autoridades o cualquier persona pueda hacer sus alcances respecto a cómo debería abordarse el fenómeno climático.
La consulta permanecerá abierta tres meses y los aportes y observaciones se pueden realizar en el sitio web del Ministerio del Medio Ambiente o en las Secretarías Regionales del país.
Según el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, el Plan busca tener una agenda climática para cumplir con el compromiso asumido ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es reducir las emisiones de CO2 eq (y todos los gases de efecto invernadero o GEI) por unidad de PIB en 30% en 2030, respecto del valor de 2007.
Además de la consulta, el Plan incluye varias medidas para alcanzar la meta, la más importante, por su impacto en la mitigación de GEI, según Badenier, “es la implementación de la Política Energética 2050”.
Esta política incluye, entre otras medidas, que el 70% de la generación eléctrica a mitad de siglo provenga de energías renovables y que el 100% de las edificaciones nuevas tengan estándares de construcción eficiente.
Adaptación
Naciones Unidas eligió hoy, Día de la Tierra, para firmar en Nueva York el Acuerdo de París (ver pág. 3), ceremonia en la que Chile asistirá encabezada por el canciller Heraldo Muñoz.
Además de la firma, el país debe ratificar el documento, lo que significa que el Acuerdo debe convertirse en Ley en el Congreso. “Nuestra expectativa es que este procedimiento no tome demasiado tiempo y Chile esté entre los primeros 55 países que ratifiquen el Acuerdo de París”, dice Badenier.
Tras la ratificación, Chile deberá prepararse para asumir su compromiso. En el caso de las emisiones de GEI, existe el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), instrumento oficial por el cual se verificará periódicamente los avances del país para cumplir con la meta propuesta y que se recalculará bienalmente. Sin embargo, falta por establecer cómo se fijará la cantidad anual de CO2eq a mitigar respecto de la línea base de 2007.
En el caso de las acciones de mitigación de emisiones, la autoridad señaló que se abordarán por el conjunto de sectores del país, tanto emisores de GEI como aquellos con capacidad de captura, lo que también se verá reflejado en el Plan de Acción. “A través de proyectos como MAPS-Chile, hemos verificado que los sectores con mayor potencial de mitigación están asociados a las energías renovables, eficiencia energética, silvicultura y transportes. Estos sectores involucran tanto el sector público como el privado”, dice Badenier.
Andrés Pirazzoli, quien hasta marzo lideraba la unidad de apoyo del grupo Ailac en la adopción del Acuerdo de París, dice que Chile -y la mayoría de los países que no han legislado aún- enfrentan ahora el desafío de definir de qué manera atribuir la responsabilidad de las reducciones de emisión comprometidas en el Acuerdo de París, a nivel nacional y subnacional. ¿Quién debe mitigar y cuándo, bajo qué métricas, siguiendo cuáles criterios? El CO2, dice Pirazzoli, -mediando la entrada en vigencia del Acuerdo- pasa a ser en Chile y en aquellos que lo ratifiquen, un contaminante que debe ser regulado.
En ese contexto, Badenier recuerda que a parir de 2017 entrará en vigencia un impuesto verde que gravará las emisiones de CO2 con cinco dólares por tonelada emitida a calderas o turbinas que, en su conjunto, sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios térmicos), considerando el límite superior del valor energético del combustible fósil que usen.
Camino que va muy en línea con lo planteado por la última reunión del Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC) de la que Chile forma parte y que llamó a los países a seguir esta senda, para que la polución por combustibles fósiles se convierta en un costo operativo y se creen soluciones más verdes.
“La gran pregunta es cómo interiorizamos todo esto. Se debe cambiar la mirada hacia los agentes que van a ser afectados, beneficiados y regulados. En especial entrando en período de elecciones presidenciales y parlamentarias. Es importante que esta discusión se inicie lo antes posible, para que se legisle habiendo oído a los agentes productivos, sociales y privados. Hay tiempo, pero es poco. En 2018 será la primera revisión bajo el Acuerdo de París”, dice Pirazzoli.
