Autor: Erick

Programa comenzó este lunes con una consulta pública. Entre otras medidas, incluye la Política Energética 2050 que busca que el 70% de la generación eléctrica provenga de energías renovables.

Las precipitaciones del último fin de semana en la zona central hicieron de este mes el cuarto abril más lluvioso de la historia. Según la Dirección Meteorológica, el 16 de abril cayeron 50 mm en 24 horas, uno de los cuatro días de abril más lluviosos desde 1877.

Esta particular característica -lluvias intensas y en un plazo muy acotado- es precisamente uno de los impactos que el cambio climático tendrá en el país.

Por eso, el gobierno diseñó  el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022, el que formalmente comenzó a operar este lunes, al iniciarse una consulta pública, para que expertos, autoridades o cualquier persona pueda hacer sus alcances respecto a cómo debería abordarse el fenómeno climático.

La consulta permanecerá abierta tres meses y los  aportes y observaciones se pueden realizar en el sitio web del Ministerio del Medio Ambiente o en las Secretarías Regionales del país.

Según el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, el Plan busca tener una agenda climática para cumplir con el compromiso asumido ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es reducir las emisiones de CO2 eq (y todos los gases de efecto invernadero o GEI) por unidad de PIB en 30% en 2030, respecto del valor de 2007.

Además de la consulta, el Plan incluye varias medidas para alcanzar la meta, la más importante, por su impacto en la mitigación de GEI, según Badenier, “es la implementación de la Política Energética 2050”.

Esta política incluye, entre otras medidas, que el 70% de la generación eléctrica a mitad de siglo provenga de energías renovables y que el 100% de las edificaciones nuevas tengan estándares de construcción eficiente.

Adaptación

Naciones Unidas eligió hoy, Día de la Tierra, para firmar en Nueva York el Acuerdo de París (ver pág. 3),  ceremonia en la que Chile asistirá encabezada por el canciller Heraldo Muñoz.

Además de la firma, el país debe ratificar el documento, lo que significa que el Acuerdo debe convertirse en Ley en el Congreso. “Nuestra expectativa es que este procedimiento no tome demasiado tiempo y Chile esté entre los primeros 55 países que ratifiquen el Acuerdo de París”, dice Badenier.

Tras la ratificación, Chile deberá prepararse para asumir su compromiso. En el caso de las emisiones de GEI, existe el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), instrumento oficial por el cual se verificará periódicamente los avances del país para cumplir con la meta propuesta y que se recalculará bienalmente. Sin embargo, falta por establecer cómo se fijará la cantidad anual de CO2eq a mitigar respecto de la línea base de 2007.

En el caso de las acciones de mitigación de emisiones, la autoridad señaló que se abordarán por el conjunto de sectores del país, tanto emisores de GEI como aquellos con capacidad de captura, lo que también se verá reflejado en el Plan de Acción. “A través de proyectos como MAPS-Chile, hemos verificado que los sectores con mayor potencial de mitigación están asociados a las energías renovables, eficiencia energética, silvicultura y transportes. Estos sectores involucran tanto el sector público como el privado”, dice Badenier.

Andrés Pirazzoli, quien hasta marzo lideraba la unidad de apoyo del grupo Ailac en la adopción del Acuerdo de París, dice que Chile -y la mayoría de los países que no han legislado aún- enfrentan ahora el desafío de definir de qué manera  atribuir la responsabilidad de las reducciones de emisión comprometidas en el Acuerdo de París, a nivel nacional y subnacional. ¿Quién debe mitigar y cuándo, bajo qué métricas, siguiendo cuáles  criterios? El CO2, dice Pirazzoli, -mediando la entrada en vigencia del Acuerdo- pasa a ser en Chile y en aquellos que lo ratifiquen, un contaminante que debe ser regulado.

En ese contexto, Badenier recuerda que a parir de 2017 entrará en vigencia un impuesto verde que gravará las emisiones de CO2 con cinco dólares por tonelada emitida a calderas o turbinas que, en su conjunto, sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios térmicos), considerando el límite superior del valor energético del combustible fósil que usen.

Camino que va muy en línea con lo planteado por la última reunión del Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC) de la que Chile forma parte y que llamó a los países a seguir esta senda, para que la polución por combustibles fósiles se convierta en un costo operativo y se creen soluciones más verdes.

“La gran pregunta es cómo interiorizamos todo esto. Se debe cambiar la mirada hacia los agentes que van a ser afectados, beneficiados y regulados. En especial entrando en período de elecciones presidenciales y parlamentarias. Es importante que esta discusión se inicie lo antes posible, para que se legisle habiendo oído a los agentes productivos, sociales y privados. Hay tiempo, pero es poco. En 2018 será la primera revisión bajo el Acuerdo de París”, dice Pirazzoli.

Según datos de la ONU, el año pasado el país gastó 3.100 millones de dólares en ese ítem.

El 3 de marzo del año pasado amaneció con una Alerta Roja por el volcán Villarrica. El macizo de la Región de la Araucanía, entró en erupción cerca de las 3 de la mañana, nada raro considerando que es uno de los más activos en Sudamérica, no hacía erupción desde 1991 y su actividad venía en aumento desde febrero.

Fue el primer evento extremo de 2015, al que se sumaron otros seis, que pusieron a Chile entre los países que más desastres sufrieron en el año, de acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (Unisdr). En total, se gastaron 3.100 millones de dólares, con lo que fue el sexto país que más gastó en el ítem en el mundo.

Según la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), el año pasado el déficit hídrico fue lo que movilizó más fondos, con un total de 32.947 millones de pesos. Le siguen los aluviones provocados en la Región de Atacama, Antofagasta y Coquimbo, tras el núcleo frío en altura (19.724 millones de pesos), los incendios forestales (19.469 millones), el terremoto de Illapel (4.815 millones) y emergencias volcánicas (1.600 millones).

A pesar de no ser el único servicio a cargo de reaccionar y gestionar fondos ante un desastre, el registro de la Onemi muestra similitudes con lo que ocurrió a nivel mundial.

Según la Unisdr, en 2015 los desastres climáticos marcaron la pauta. “Hemos llegado hasta el año más cálido registrado. 98,6 millones de personas fueron afectadas por los desastres el año pasado y el clima, a menudo con la ayuda de un fuerte El Niño, fue un factor en el 92% de esos eventos”, dijo  Robert Glasser, jefe de la Unisdr, en un comunicado.

En Chile, el fenómeno hizo que la baja segregada, que causó los aluviones en el norte en marzo de 2015, tuviera más vapor de agua disponible y, por lo tanto, precipitara más. Sin embargo, su tardía llegada en el invierno, evitó terminar con la megasequía que, en algunas zonas lleva siete años, y afecta a siete regiones.

“Aunque se origina en el Pacífico tropical, El Niño tiene impactos que se sienten lejos, en todo el planeta”, dice a La Tercera Michael McPhaden, experto en el fenómeno de la Administración Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (Noaa).

El Niño 2015-16, que va declinando, fue uno de los más fuertes en el registro. “Como los Niños fuertes de 1982-83 y 1997-98, este evento altera dramáticamente los patrones normales de variabilidad climática en el mundo, contribuyendo con sequías, inundaciones, olas de calor y otros eventos extremos en muchos países”, señala McPhaden. “La cifra de Unisdr representa sólo el 1,4% de la población del mundo. Gracias, en parte, al exitoso pronóstico y sistemas de alerta, el número no es más grande”, enfatiza.

Un estudio global sobre desastres naturales y pérdida económica, del Instituto de Tecnología Karlsruhe (Alemania), señaló esta semana que las inundaciones han causado los mayores daños. “En los últimos años, terremotos y tormentas muestran un papel cada vez mayor”, indicaron.

En Chile, según explica a La Tercera James Daniell, líder de la investigación, la tendencia de las tormentas parece constante, pero la principal amenaza siguen siendo los terremotos. “Desde 1900, alrededor del 91% de todos los costos de desastres han sido debido a  ellos y sus consecuencias, como tsunamis, inundaciones o incendios. Muestra una tendencia ligeramente decreciente, gracias a mejores prácticas de construcción”, dice.

Inundaciones, incendios forestales, volcanes y tormentas han causado grandes destrucciones, pero aún no tienen una tendencia. Con todo, el gasto chileno en desastres representa cerca del 2% de todo lo que se ha gastado en la historia, a nivel mundial, en ellos, indica.

El gasto y la gestión

Rodrigo Cienfuegos, director del Centro Nacional de Investigación para la Gestión de Riesgo de Desastres (Cigiden), cuenta que en 2015, en la reunión de la Unisdr, una de las conclusiones fue que hay que invertir para reducir el riesgo. “Se mostraban cifras que indicaban que si se invertía un dólar se podría evitar el gasto de US $7 en reconstrucción o rehabilitación. Si eso se definió como estratégico es porque hay una falencia mundial. Sobre todo en Chile, estamos muy al debe, siempre hemos estado reaccionando a los desastres”, dice.

De acuerdo al especialista, la Onemi ha hecho todo lo que ha podido dentro del marco y el presupuesto con que se mueve, “que es muy ridículo comparado con los desafíos que enfrenta”.

Según cálculos del Cigiden, el presupuesto del servicio (que para este año fue poco más de 13.805 millones de pesos), alcanza sólo para tener algunos planes de preparación y educación, además de destinar al Servicio Sismológico y a su estructura regional y operativa. La estimación es que se destinan cerca de 2.000 pesos por habitante al año, diez veces menos que en EE.UU.  y cien veces menos que en Japón.

“El gran presupuesto que se maneja en temas de desastres viene después; en planes de recuperación, reconstrucción, limpieza, no en la Onemi, que se supone que viene antes”, dice.

Paulina Aldunce, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) y parte de los científicos que asesoran en la Plataforma Nacional de Reducción del Riesgo de Desastre, de la Onemi, dice que el 27F fue un punto de inflexión para mejorar lo institucional. “Se ha mejorado en los últimos cinco años, pero todavía nos vemos sobrepasados con desastres de gran magnitud”, dice.

Agrega que desde la academia, enfatizan en que hay que ampliar la red de monitoreo de las condiciones climáticas, educar a la población y hacer el proceso más participativo, incorporando perspectivas locales.

Pilar Moraga, investigadora del CR2, dice que una de las grandes deficiencias es en el conocimiento de dónde están las vulnerabilidades, qué significan y cuántas muertes y costos pueden causar. “No tenemos números, datos duros, y el problema de no tenerlos es que no podemos tomar decisiones”, dice.